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Más espacio en las granjas de cerdos

2013.01.09

El 1 de enero de este año 2013, trae consigo algunos avances en favor del bienestar animal. Uno de ellos es la plena aplicación de la normativa europea relativa a las explotaciones ganaderas, en concreto las dedicadas al ganado porcino [1].

La aplicación de esta normativa es de obligatorio cumplimiento desde primero de año, lo que no ha dejado de suscitar reacciones desde el sector especializado principalmente por las reformas que las granjas de porcino deberían de haber implantado -a tenor del calendario que la propia norma fija para las explotaciones construidas o reformadas a partir del 2003-, dado que la UE fijó los mínimos relativos al bienestar animal de los cerdos en el 2001 [2]. Por lo tanto, transcurridos 12 años desde su disposición inicial, la normativa es preceptiva en España a partir del 1 de enero de este año.

El sector más crítico de los productores, se ha manifestado en contra de las disposiciones contenidas en la normativa, en consideración a los gastos que comportan los cambios en las explotaciones, en un momento económico como el actual, de crisis económica como el que atravesamos. No obstante, la conciencia generalizada que se ha acabado imponiendo, es la que la UE ha señalado reiteradamente acerca de la preeminencia del bienestar animal. En Europa, una vez superadas las cotas de abastecimiento, lo que importa y es prevalente es el bienestar animal, como uno de los componentes de un mercado globalizado y como uno de los medios de asegurar la salud pública.

El aspecto en el que más se ha incidido es en el del espacio destinado a los distintos tipos de animales [3] -de cerdos-, destinados a la cría y al engorde, pues, de acuerdo a una tabla de medidas adjunta al texto del RD, se determina el mínimo de suelo libre cuando son criados en grupos. Dicho de forma sumaria, la proporción sería de un espacio de suelo libre de 2,25 m2 para las cerdas y de 1,64 m2 para las cerdas jóvenes.

A lo que se trata de poner freno es al hacinamiento de algunas explotaciones de cría intensiva, pero, así mismo, la norma se aplica –y para ello existe un régimen sancionador adaptado-, a las explotaciones de cría extensiva. La cuestión es si, después de una decena larga de años de creación de la norma para la UE, siguen vigentes dichos criterios, o, en nuestro caso, deberían de haberse actualizado y revisado en todo caso, antes de proceder a la aplicación sin vuelta atrás.

Si se desea tomar un referente acerca de los efectos de la aplicación de una norma europea sobre animales de producción, que supuso en España una amplia discusión y recibió críticas de todos los sectores de la sociedad, no hay más que hacer memoria y recordar la normativa relativa a las gallinas de puesta y engorde, es decir, a la eliminación de la cría de gallinas “en batería” (battery cages [4]”). Al cabo de un año, puede decirse que la implantación de la norma ha sido un éxito y ha calado hasta las capas de la sociedad más resistentes a los cambios, como suele ocurrir en el ámbito del consumo. Hoy en día no existen supermercados en cuyos lineales no se encuentren, bien diferenciados, huevos camperos y huevos cuya cría no se determina, pero cuya clasificación numérica, obligatoria, advierte al consumidor de que los huevos que va a comprar no garantizan que las gallinas se hayan criado en un régimen de mínimos de bienestar.

Es fácil imaginar que, por estas fechas, dentro de un año, ocurra un fenómeno semejante y que empecemos a preguntar, antes de comprar, qué tipo de crianza ha recibido el animal cuya carne vamos a consumir. Para ello, es cierto, aún falta en las etiquetas la debida identificación de la forma de producción, lo que supondría un cambio que ya se viene propugnando desde los organismos rectores de la UE. Es un panorama esperanzador para todos los que pensamos que, mayor formación e información sobre el derecho que asiste a los animales, derivará en un mayor respeto por los intereses de estos, que no son otros que los que el bienestar animal viene tratando de asegurar.


LA EDITORA
Teresa Giménez-Candela
Catedrática de Derecho Romano
Animal Law Profesor
Universitat Autònoma de Barcelona


[1] Real Decreto 1392/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos (BOE nº 241, de 6/10/2012)
[2] El RD 1135/2002 es el resultado de la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2001/88/CE, de 23 de octubre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/630/CEE, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos. La versión definitiva de ambas Directivas está recogida en la Directiva 120/2008 del Consejo Europeo de 18 de diciembre.
[3] El RD distingue entre: cerda: “animal hembra de la especie porcina después del primer parto; cerda joven: “animal hembra de la especie porcina tras la pubertad y antes del parto”: Una hembra de la especie porcina es cerdo de producción hasta la pubertad; lechón: “cerdo desde el nacimiento hasta el destete”; cochinillo destetado: cerdo no lactante de hasta diez semanas de edad”; cerdo de producción: “cerdo de hasta diez semanas de edad, hasta el sacrificio o la monta”; verraco: “animal macho de la especie porcina después de la pubertad y que se destina a la reproducción”
[4] Cfr. Giménez-Candela, T., Cuestión de huevos; WISE, S., An argument for the Basic Legal Rights of Farmed Animals;En el 2012 los países de la UE deben suprimir las explotaciones de gallinas en jaulas en batería


keys bienestar animal, cerdos , granjas

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