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Sentencia 195/09, de treinta de noviembre, Juzgado de Instrucción nº4 de Granada

2010.03.21

AUTHOR: Maria Isabel Aranda Jordán. Attorney at the Audiencia Provincial Barcelona
TITLE: Sentencia 195/09, de 30 de Noviembre, Juzgado de Instrucción nº4 de Granada

PUBLICATION DATE: March 2010
PUBLICATION PLACE: dA web Center, March 2010

Internal link: Sentencia

Juzgado de Instrucción núm. 4 de Granada
Judge: D. Antonio A. Moreno Marín
Date: 30th November 2009

Comentario sobre la Sentencia 195/09, de treinta de noviembre, del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Granada

El apartado de HECHOS PROBADOS de la Sentencia recoge la conducta de un individuo que golpea de forma reiterada con un cepillo a su perro, y le proporciona, además, varias patadas. Cuando varios transeúntes le recriminan su actitud, se encara con ellos y les espeta que, como es su perro, hace con él lo que le da la gana.

El juez castiga esta conducta como una falta de maltrato cruel a animales domésticos, de las del artículo 632.2 del Código penal, http://derechoanimal.info/bbdd/Documentos/606.doc y no sólo le impone a su autor la correspondiente multa, sino que, en vista de que se trata de una manera de actuar que tiene precedentes, y para preservar la seguridad del animal, acuerda privar a su dueño de la posesión del perro, que atribuye a una entidad especializada en la protección de los animales.

Para llegar a esta conclusión, que, desde una perspectiva ética elemental, cualquiera puede compartir, el juez debe superar dos escollos legales. El primero, derivado de una técnica legislativa que, con generosidad, podemos decir que adolece de una cierta precariedad, se plasma en la deficiente redacción del tipo penal aplicado, cuyo tenor es como sigue: “Los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente sin incurrir en los supuestos previstos en el artículo 337 serán castigados con la pena de multa de 20 a 60 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 20 a 30 días.” http://derechoanimal.info/bbdd/Documentos/606.doc

Desde un punto de vista puramente gramatical, se puede interpretar que el supuesto de hecho de la norma se encierra en una única proposición, que, de forma alternativa, se extiende a dos posibles objetos de protección: los animales domésticos o cualesquiera otros, pero que, en cualquier caso, el único ámbito donde la conducta descrita por el tipo penal deviene punible es el definido por el complemento circunstancial “…en espectáculos no autorizados legalmente.” Con sujeción a esta estricta y alicorta interpretación gramatical, sólo serían punibles los maltratos crueles a animales domésticos o a cualesquiera otros cuando se produjeran en espectáculos no autorizados legalmente. Es decir, que, tanto si tuvieran lugar en espectáculos autorizados como si fueran ajenas a un espectáculo, las conductas de malos tratos contra los animales quedarían impunes, salvo que, por su gravedad, fueran constitutivas del delito previsto en el artículo 337 del Código penal, que castiga a quienes, con ensañamiento, infligen lesiones graves o incluso la muerte a un animal. http://derechoanimal.info/bbdd/Documentos/606.doc

Aunque la interpretación indicada es, desde un punto de vista puramente gramatical, que atienda únicamente a los signos de puntuación y las conjunciones del texto, y prescinda del significado de sus palabras, posible, una lectura guiada por el sentido común nos conduce de inmediato a pensar, en cambio, que el artículo que glosamos contiene, en realidad, dos proposiciones coordinadas disyuntivas, de tal suerte que castiga dos tipos diferentes de conductas. Por un lado, la de quienes, en cualquier marco espacial o ambiente, dispensan malos tratos, de forma cruel, a animales domésticos; por otro lado, la de quienes, en un espectáculo no autorizado, hacen lo propio con cualesquiera otros. La salvedad que hace referencia a la posibilidad de que se inflijan malos tratos a animales en espectáculos autorizados se explica por nuestro contexto cultural, donde hay prácticas de este tipo forman parte de tradiciones que cuentan no sólo con la tolerancia, sino incluso con los auspicios y aun con la subvención de los poderes públicos.

En la Sentencia de la que hablamos el escollo gramatical aludido se vadea con precisión con el recurso a los criterios de interpretación de las leyes que postula el artículo 3 del Código civil: literal, sistemático, sociológico y teleológico. Desde un punto de vista literal, es más normal entender que la conjunción disyuntiva utilizada en el texto, “o”, separa dos proposiciones normativas diferentes.

La interpretación sistemática nos lleva a ver el encaje que tiene el tipo penal que comentamos en el marco del Código penal. Pasa a menudo que la diferencia básica entre delitos y las faltas que ofenden el mismo bien jurídico, estriba en la gravedad de los ataques frente a los que se debe precaver tal bien jurídico, más significativa en el caso de los delitos, y menor en el de las faltas. Pero sucede, con frecuencia, que, en términos cualitativos, no existe diferencia entre conductas que se sancionan como delito y conductas que se sancionan como simples faltas. Así, la única diferencia entre el delito y la falta de hurto es la cuantía de lo sustraído, pero, en sí, la conducta punible es igual en el delito y en la falta. Debemos entender que ocurre algo similar en cuanto a la relación que se establece entre el artículo 632.2 y el artículo 337 del Código penal (http://derechoanimal.info/bbdd/Documentos/606.doc), citado de forma expresa en aquél; en el sentido de que la diferencia entre uno y otro es, sobre todo, cuantitativa, de gravedad de las consecuencias lesivas de la conducta típica, lesiones graves o muerte, en el caso del delito, y cualesquiera otras lesiones, en el caso de la falta, pero que en modo alguno se ha querido limitar el alcance de la segunda con su restricción a los supuestos en los que el hecho se produzca en el marco de un espectáculo público no autorizado.

La interpretación sociológica permite subrayar la importancia creciente que viene adquiriendo en nuestra sociedad la protección de los animales. Los valores éticos presentes en nuestra comunidad no tolerarían que conductas tan sádicas, estólidas y bárbaras como la descrita en la sentencia quedaran impunes so pretexto de no interferir en la relación de derecho privado que se establece entre un animal y su dueño cuando tal relación se desenvuelve en un ámbito igualmente privado y no público.

Por último, pero no menos, sino más importante, la interpretación finalista no nos deja lugar a dudas acerca de cuál ha sido la intención del legislador al hacer la salvedad relativa a la impunidad de los malos tratos que se les infligen a los animales en espectáculos públicos autorizados. Se trata, únicamente, de preservar la legalidad de unas prácticas que, como ya hemos dicho antes, y por desgracia, forman parte de nuestro acervo cultural.

Orillado el primer obstáculo, que amenazaba con dejar impune una conducta que repugna a cualquier sensibilidad mínimamente formada, el juez tenía que vencer un segundo escollo, que le enfrentaba con el riesgo de que su trabajo fuera, como el de Sísifo, un no acabar nunca. Resulta que el juez ya tenía noticia, por causas anteriores, de que no era la primera vez que el individuo que tenía ante sí maltrataba a su perro. Si se limitaba a aplicar la respuesta prevista por el artículo 632.2 del Código penal, http://derechoanimal.info/bbdd/Documentos/606.doc podía suceder que el reo, extinguida su responsabilidad penal, o incluso mientras pagaba su deuda para con la sociedad, volviera a las andadas con el animal. Una vez más, el juez atendió, más que a las limitaciones y servidumbres de la letra de la Ley, a su sentido y significado profundo. Decidió que ese individuo no podía mantener, de ningún modo, la posesión del animal. Le privó de ella, para hacer realidad el fin de protección de la norma de un modo infinitamente más eficaz que cualquier sanción que pudiera asociar la Ley penal con la comisión de la falta de malos tratos a animales domésticos.

Habrá quien diga que una medida así infringe la garantía criminal del principio de legalidad penal: “Nulla poena sine previa lege penale”, y seguro que los juristas que basan su ciencia en manejar con habilidad de prestidigitadores la letra de los códigos pensarán así. Pero quienes conciben la técnica jurídica como un instrumento al servicio de la Justicia no le reprocharán al juez que haya procurado a un perro un hogar en el que no sufra los malos tratos de un individuo que no merece tener un animal.

Tengamos en cuenta, en este sentido, cuál son las finalidades de las penas, y, por su mediación, del Derecho Penal en su conjunto. Una primera finalidad, la que se califica como función retributiva de la pena, es la de castigar al culpable de la comisión de una infracción punible. Si el delito niega el principio racional expresado en la Ley penal, se dice en una construcción teórica que adolece de une excesivo idealismo, la pena restablece la racionalidad conculcada.

Una segunda finalidad, la de prevención general, es la de tratar de evitar, precisamente por medio de la amenaza de sanción que lleva consigo el anuncio de la imposición de una pena a los transgresores de la Ley penal, que se cometan delitos.

En tercer lugar, por medio de la pena que de un modo concreto se impone a cada reo, se previene que ese concreto reo, que ya ha experimentado el mal que puede seguir a la comisión de una infracción punible, incurra en nuevos delitos o faltas. Es lo que se conoce como prevención especial.

Pero se trata de conseguir, y aquí aparece la cuarta finalidad de la pena, la que consagra nuestra Constitución en su artículo 25.2, que la decisión de integrarse de nuevo en la sociedad y satisfacer las necesidades y las apetencias que cada cual tenga sin lesionar los derechos de los demás nazca no únicamente del miedo al castigo, sino de la propia convicción de la persona que ha extinguido sus responsabilidades penales. Para ello, se pretende que la pena cumpla una función de reeducación y de reinserción social. La teoría de la pena como instrumento de rehabilitación sufre en la práctica, sin embargo, un serio cuestionamiento. Se ha propuesto, a través de las alternativas a la pena de prisión, un nuevo modelo de Derecho Penal, basado en figuras como la de los trabajos al servicio de la comunidad o en diversas formas de mediación. Los escasos logros alcanzados con esta vía no convidan al optimismo, aunque quizá no generen tanta frustración como la que producen las penas privativas de libertad, que se desenvuelven en centros penitenciarios que se han llegado a calificar de verdaderas universidades del delito. Y no hablemos ya de la nula eficacia, desde el punto de vista de la rehabilitación social, de la pena de multa.

En este contexto, no nos cansaremos de aplaudir al juez que extrae el sentido profundo de la norma penal y procura adecuar su aplicación a su verdadera finalidad. Si un individuo se ha mostrado ya insensible a la aplicación de la pena, pues ya fue sancionado antes por hechos análogos sin resultado visible, hemos de preservar la seguridad del animal para cuya protección se estableció el tipo penal infringido. No podemos confiar en el efecto taumatúrgico de un corto periodo de trabajos en beneficio de la comunidad, y menos en el de una multa. Pero, sin dejar de alabar al juez que ha hecho justicia, nos queda una inquietud. La situación recuerda, en cierto modo, a la que plantea una de las escenas de la película Viridiana. El personaje encarnado por Paco Rabal ve pasar una tartana tirada por caballos en cuya parte trasera, ligado por una cuerda, un perrillo tiene que trotar sin descanso, con la lengua fuera, para seguir el ritmo de la calesa. El hombre se conmueve, y le pide al dueño de la tartana que deje suelto al animal, que ya no puede ni con su alma, y que pierda cuidado, que ya le seguirá. Como no le convence, le compra el perro, para liberarlo de aquella servidumbre. Al poco rato, pasa otra tartana, con otro perro detrás, al borde de la extenuación, que, atado también con una cuerda, no tiene otro remedio que seguir como puede el trote de los caballos...

Quiero decir que está muy bien que un juez haya tenido la sensibilidad suficiente para saber ver lo que le pedía, entre líneas, la Ley. Pero no podemos confiar en que siempre suceda lo mismo. En los juzgados españoles, agobiados de trabajo, puede suceder con más frecuencia de la que sería deseable que la rutina desplace el espíritu crítico, y no es descabellado pensar que las normas jurídicas puedan aplicarse en ocasiones de un modo literal, sin más indagaciones acerca de su sentido último. Incluso una aplicación sensible del Derecho, como la de la Sentencia que comentamos, no acaba de conjurar todos los peligros que se derivan de la defectuosa técnica legislativa a la que nos hemos referido. Hemos conjurado el riesgo que amenazaba a un concreto perro, pero nada impide que el reo se haga con otro y vuelva a incurrir en un trato cruel.

Del mismo modo que se llevó al Parlamento la inquietud que condujo a la tipificación como infracciones punibles de los malos tratos infligidos a animales, debería trasladársele el grado de preocupación necesario para depurar al máximo el instrumento legal que trata de poner remedio a esa inquietud. No se trata, además, de inventar gran cosa. En el Código penal, hay diversos ejemplos de penas privativas de derechos por cuya mediación se trata de hacer frente a un riesgo de males futuros que se pone de manifiesto con la conducta típica del reo. Así, al cirujano que, como consecuencia de una mala praxis, causa un mal en la integridad física de sus pacientes, se le puede privar, siquiera sea temporalmente, del derecho de ejercer su profesión; como al juez que prevarica. Y no sólo de limitaciones profesionales hablamos, sino que también se priva por un tiempo del permiso de conducir a los que antes de manejar su automóvil realizan libaciones más copiosas de lo que recomienda la prudencia. ¿Por qué no castigar a quien inflige malos tratos a un animal con la prohibición de que posea no aquél al que trata de forma violenta, sino cualquier otro?

María Isabel Aranda Jordán
Fiscal sustituta de la Audiencia Provincial de Barcelona


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