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Sentencia 466/07, de dieciseis de mayo, Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Barcelona

2010.02.01

AUTHOR: Guillermo Arias. Judge. Juzgado nº 32 de Barcelona.
TITLE: Sentencia 16.5.2007, Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Barcelona

PUBLICATION DATE: February 2010
PUBLICATION PLACE: dA web Center, February 2010

Internal link: Sentencia

Judge: Guillermo Arias Boo
Date : 16th May 2007
Comentario crítico sobre la Sentencia de las actuaciones que se siguieron en el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Barcelona con el número de autos 466/07 (16.5.2005)

Puede parecer extraño que sea el propio autor de la sentencia quien la comente. Pero tengo la intención de hablarles, más adelante, de las resoluciones de otros jueces, y me acordé de un viejo dicho de algún país del Norte de Europa, que dice algo así como que, antes de criticar la casa del vecino, debemos barrer el patio trasero de la nuestra.

Voy a hablarles, pues, de una sentencia mía. Puede que algunos la conozcan, porque tuvo reflejo en la prensa general, ya que no pude resistir la tentación de incurrir en la pequeña travesura de incluir entre los razonamientos jurídicos una cita que aparece en una película de Walt Disney (que, en realidad, no era de Walt Disney, pero enseguida restituyo su fama a quien realmente la merece)

Se trataba de un asunto que sucede con alguna frecuencia –yo ya me he encontrado, en una carrera profesional no muy dilatada, con tres casos- Los dueños de los perros grandes, confiados, seguramente, en su talante dócil, los llevan, a menudo sueltos, sin pensar que puedan causar daños a otros animales. Pero, por desgracia, en ocasiones pasa que se desata algún instinto feroz que su dueño ni siquiera sospechaba que tuviera, y se produce la acometida. En el caso de autos, un Yorkshire Terrier de ocho meses saltó de los brazos de su dueña para jugar con un pastor alemán, que, de forma súbita, se lanzó contra el cachorro y acabó con su vida (27.2.2006).

En estos casos, el artículo 1905 del Código civil establece una regla muy clara. De entrada, el poseedor del animal debe responder de todos los daños que cause, aunque se le escape o extravíe. Sólo se excluye esta responsabilidad cuando se produce un supuesto de fuerza mayor o es el mismo perjudicado el que tiene la culpa de su mal.

Planteado el debate entre la propietaria del animal que sufrió la acometida, que pedía una indemnización de los daños y perjuicios derivados de su pérdida, y la dueña del otro perro, junto con quien respondía una compañía de seguros, el punto de partida de la sentencia era claro: las demandadas debían ser condenadas a indemnizar a la demandante del mal que le habían causado. Tampoco era discutible que la indemnización debía comprender, cuando menos, el precio que hubiera pagado la dueña por el perro del que había sido privada, lo que aceptaban las propias demandadas. Hasta aquí, las cosas no ofrecían dificultad alguna. Las tres cuestiones más dudosas, las que en verdad fueron objeto de discusión, y cuya resolución merece algún comentario, eran tres: la factibilidad de la indemnización del daño moral; ligadas con ésta, la cuantía de tal indemnización, y, por último, la forma en que debía compensarse el daño moral de las personas que, aun no siendo propietarias, en términos formales, del perro fallecido, estaban ligadas al cachorro por un vínculo afectivo equivalente al de su dueña.

Sobre la primera cuestión, la de la viabilidad de la indemnización del daño moral hubo en nuestro país, a principios del siglo pasado, una cierta polémica, que, por fortuna, se encargó de resolver con acierto y decisión la Sala Civil de nuestro más alto Tribunal. Se había llegado a decir, desde una perspectiva moral un tanto pacata, que, si el daño moral afectaba al alma de la persona, a su dimensión espiritual, el mal no tenía precio, no podía evaluarse en dinero, y sería, incluso, un insulto, pretender equipararlo con el vil metal. Pero llevar esta tesis hasta sus últimas consecuencias producía consecuencias sumamente injustas. Al responsable del mal, le dejaba impune. Al perjudicado, se le causaba una victimización secundaria, pues si no recibía ni siquiera una indemnización simbólica, no a modo de reparación del mal, imposible, en realidad, sino de modesto consuelo, sufría, además del daño que le había llevado a solicitar el amparo de los tribunales, el daño de no merecer de éstos ni la más mínima protección.

Tuvo que decidir sobre esta cuestión el Tribunal Supremo, como decimos, a principios del siglo pasado, en su Sentencia de seis de diciembre de mil novecientos doce (STS. 6.12.1912). Se había publicado en el diario El Liberal (1.12.1910), una noticia acerca de una joven que había sido raptada por un fraile que, al ser sorprendido por un familiar de la chica, se suicidó. La noticia, encabezada con el en aquel entonces escandaloso titular “Fraile raptor y suicida” era, en realidad, falsa -¡No hemos cambiado tanto como parece, en un siglo! Evolucionan los medios técnicos, pero los contenidos se parecen tanto…- Como, además, la noticia identificaba a la mujer raptada con su nombre y apellidos, en una situación que se consideraba, según el concepto de la época, deshonesta, la mujer demandó al diario y solicitó, como compensación por el daño infligido sobre su honra, una indemnización económica. El Tribunal argumentó que sería suicida dejar de proteger la honra de la mujer frente a la pública maledicencia con el pretexto de que un bien de tal naturaleza no se puede evaluar en dinero. Citaba, incluso, en apoyo de su tesis, nada menos que las Partidas (ley 21, título 9.°, de la Partida 7.a): «cualquier que reciba tuerto o desonrra, que pueda demandar en una destas dos maneras, qual más quisiere. La primera que paga el que lo desonrre, enmienda de pecho de dineros. La otra es en manera de acusación, pidiendo que el que le fizo el tuerto que sea escarmentado por ello. E la una destas maneras se tuelle por la otra; porque de un yerro no deve orne recebir dos penas por ende. E desque ouiere escojido la una, no la puede dexar é pedir la otra»

Por tanto, está claro que, ya que la verdadera reparación del daño moral no es posible, hemos de procurar al perjudicado, cuando menos, un consuelo económico. Ahora bien, ¿con qué cantidad de dinero? Por un lado, no hay dinero suficiente. Aquí es donde se me ocurrió expresar de un modo gráfico esta idea, para transmitir, de un modo respetuoso hacia la perjudicada, y que no pudiera ser interpretado como una pérdida de la imparcialidad del juzgador, mi solidaridad. Acudí, para ello, a una frase que aparece al principio de la película “La Dama y el Vagabundo”: "En toda la historia del mundo hay algo que el dinero no ha podido comprar jamás... el movimiento de la cola de un perro" Por cierto, la frase, aunque lo omití en su día, es de Josh Billings, seudónimo del escritor humorístico Henry Wheeler Shaw (1818-1885), autor de alguna que otra reflexión admirable acerca de los perros, como cuando dijo que es el único ser en la tierra que te ama más de lo que se ama a sí mismo (“A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself”). Restituyámosle la fama que merece, no sea que alguno de sus causahabientes me demande…Por otra parte, regresamos a una de las ideas iniciales: si la indemnización es tan baja que no pasa de un mero símbolo, podemos hacer el ridículo, en el sentido de que el responsable quede, prácticamente, impune, y que el perjudicado se sienta desamparado.

Fue quizá en la forma de traducir estas ideas en una concreta suma de dinero donde me faltó audacia –defecto muy común en los jueces, siempre en busca de precedentes para no salirnos de la norma-. Lo cierto es que, en las sentencias que consulté, no era frecuente encontrar un avalúo generoso del daño moral. En ocasiones pasaba, incluso, que las indemnizaciones por este concepto eran muy bajas. De todas formas, no me faltaba, como orientación, un claro punto de partida. Como es sabido, en el proceso civil, el juez está limitado por la petición de la parte actora. Puede concederle, o no, según estime la justicia de su pretensión, lo que pide. Pero no puede darle ni más de lo que pide ni una cosa distinta. En el caso que nos ocupa, la demandante hacía una estimación simbólica del daño moral en mil euros, justo el importe que habían pagado, en su día, por el cachorro. Pero ese importe lo multiplicaba por cuatro, pues ése era el número de los integrantes de la familia que se había visto privada de la compañía de su perrito. Ligada, pues, con la cuestión de la cuantía de la indemnización, debía resolverse la tercera de las dudas planteadas al inicio de la exposición, el derecho al resarcimiento de quienes, sin ser propietarios del animal, desde el punto de vista del Derecho civil, padecen igualmente un daño moral por su pérdida. Puesto que, además, la demandante actuaba únicamente en nombre propio, aunque en interés de todos ellos, se suscitaba incluso la duda acerca de su legitimación para reclamar una indemnización para los demás miembros de su familia. En efecto, definida la legitimación como aptitud para el ejercicio de un derecho o de una facultad de actuación, se entiende que, de ordinario, se deriva del poder de disposición sobre tal derecho o sobre la posición jurídica de la que emana la facultad de actuación de que se trate, que corresponde, en principio, al titular de tal derecho o posición jurídica. Al ser el dolor moral íntimo e intransferible, no parece fácil atribuir la legitimación para pedir una indemnización por un daño de tal naturaleza a persona distinta de quien lo sufra, aunque tenga con ésta vínculos familiares muy estrechos.

Creo que fui tomando las piezas adecuadas para resolver el rompecabezas, pero, al juntarlas, no lo hice de la forma adecuada. Veamos por qué digo esto. En cuanto a la primera de las piezas, la suma de mil euros por el daño moral me pareció, con la referencia del precio del cachorro, adecuada. No es, desde luego, excesiva, sino, si acaso, muy prudente. Pero tampoco es ridícula. La persona que la recibe no puede tener la desagradable sensación de que se burlan de su dolor. Además, yo tenía el precedente de una resolución anterior en la que también opte por asignar al daño moral, en términos simbólicos, y sin pretender una equiparación efectiva de los dos conceptos, el mismo precio que el de adquisición del animal. Ahora bien, el criterio que sirvió para estos casos concretos ha de ser depurado si se pretende buscar una regla de alcance más general, pues a menudo sucede que el valor de adquisición de los animales es muy bajo, o, incluso, si provienen de una adopción, inexistente.

En cuanto a la segunda y a la tercera pieza del rompecabezas, me apoyé en la analogía con otros supuestos de indemnización de daños morales. Es, en realidad, una obviedad, que no existe una titularidad exclusiva sobre el daño moral, sino que lo pueden sufrir diversas personas por una misma pérdida, por razón de sus vínculos afectivos con la víctima directa del mal; y, como sucede en los casos de condominio sobre bienes materiales, se puede entender que entre todas las personas de una familia unida por un mismo vínculo afectivo existe un consorcio que habilita a cualquiera de ellas a actuar, aun sin haber recibido poder expreso de los otros, en interés de todos ellos y pedir una indemnización para el grupo.

Sobre la base de estos planteamientos, debí concluir que no sólo la demandante tenía derecho a una indemnización por daño moral de mil euros, sino que también era acreedor de la misma suma cada uno de los demás miembros de su familia, su marido y sus dos hijos, afectados por el mismo padecimiento que ella. Pero es ahí donde tuve miedo, pues una indemnización de cuatro mil euros por el daño moral derivado de la pérdida de un animal superaba las cuantías establecidas en los precedentes que había consultado, y resolví, de manera incoherente, que la indemnización de mil euros, en su calidad más simbólica que de avalúo real de la pérdida sufrida, era única para toda la familia.

Por suerte, la familia afectada lo aceptó bien. Lo más seguro es que al acudir a los tribunales buscara, sobre todo, más un reconocimiento moral que una suma concreta de dinero. Pero esto no impide que deba admitir mi error y buscar, para el futuro, una forma de enmendarlo. Y creo que existe. En la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, aparece la previsión de un sistema de indemnización de los daños morales derivados de la muerte de un ser querido (Anexo a la Ley 30/95, de ocho de noviembre). Por supuesto, que no pretendo equiparar el fallecimiento de un ser humano al de un animal, por más querido que pueda ser para nosotros. Pero el principio latente es el mismo. Se trata de un mal que no se puede reparar con dinero, pero una indemnización puede servir, siquiera sea de forma simbólica, como manifestación de la solidaridad con la que la sociedad expresa su reconocimiento hacia quien padece el dolor. Pues bien, en esta Ley se establece con claridad la compatibilidad de las indemnizaciones que puedan percibir diversas personas, cuya concreta cuantía depende en cada caso de su grado de vinculación con la víctima, por una misma pérdida.

Claro está que, para evitar la dispersión que puede producir la aplicación de un arbitrio judicial ilimitado, vendría bien que se extendiera también al ámbito de los animales de compañía un sistema legal con un baremo en el que se tuvieran en cuenta variables como el tipo de animal, su edad, el tiempo de convivencia con la familia, o el grado de relación con cada uno de sus miembros para establecer unas indemnizaciones estándar. Aunque a algunos jueces no les gusten los baremos...


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